El Pacto Verde obtuvo recientemente impacto mediático nacional por sus posibles efectos. Esta política europea consiste en una serie de estrategias en torno a la energía, la biodiversidad, la economía circular, la contaminación del aire, agua y suelo, así como la movilidad sostenible. También implica un sistema alimentario sustentable, y medidas en materia agrícola, forestal, industrial y comercial. A pesar de ser una política regional, su impacto tiene una clara meta global. Ante ello, cabe preguntarnos ¿existen efectos en nuestra provincia?
Por: Mgter. Sebastián Bucco
Relaciones Internacionales
Los posibles impactos
Santiago del Estero no es ajena a los efectos del Pacto Verde. Es una provincia que, por sus características estructurales y por el contexto externo, durante los últimos años avanzó en sus volúmenes de exportaciones. Los principales envíos consisten en maíz, soja, trigo, algodón y legumbres. Entre los mercados compradores, China, Vietnam y Corea figuran como los más importantes. Luego le siguen Chile, Brasil y el resto de países del Mercosur. Entre los socios, la Unión Europea no figura entre los principales, por lo que, en principio, no existirían riesgos inmediatos de la política europea para la producción provincial. Sin embargo, las amenazas devienen de la adaptación de la legislación que otros países pudieran hacer de los marcos jurídicos promovidos por el Pacto Verde y ante los objetivos globales planteados por la Comisión Europea. En este sentido, esta institución pretende llegar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante políticas exteriores como la cooperación y el comercio internacional, ya sea forjando alianzas verdes con socios bilaterales, regionales o multilaterales, en materias como el transporte, los agroquímicos, la ganadería, o la deforestación.
En materia de transporte, a las ya problemáticas estructurales que posee la provincia para que los productos lleguen a puerto, se le sumarían los costos de iniciativas como la de “FuelEU Maritime”. En caso de que estas tomaran carácter global, aumentarían los costos tanto por las emisiones de carbono realizadas como por el incremento del uso de combustibles sustentables. Estos perjudicarían principalmente, por ejemplo, a productos de menor valor unitario pero mayor volumen, como los commodities. Como resultado, según estimaciones del Centro de Economía Internacional, a un costo que varía del 0,5% del valor de las emisiones de carbono, se le sumaría un 1,7% del valor de carga, más una tarifa que fluctúa entre el 5% y el 17% aproximadamente del flete y combustible. Por otra parte, la iniciativa “ReFuelEu Aviation”, podría afectar a la exportación de productos como la carne refrigerada y el turismo, encareciendo los costos de utilizar combustibles más amigables con el medio ambiente. Finalmente, la Comisión promoverá la creación de cadenas de suministro más cortas, de manera de reducir la dependencia del transporte de larga distancia.
Con respecto a las restricciones en el uso de fitosanitarios, a los desafíos de carácter sanitario como las que atraviesa la producción de maíz provincial ligado a la “chicharrita”, la estrategia “De la Granja a la Mesa” de las autoridades comunitarias, impulsarían reducir el uso y dependencia de fitosanitarios. El objetivo es que su aplicación sea disminuida en el continente europeo en hasta en un 50% para 2030. El cultivo más afectado sería, sin embargo, la soja, que utiliza el glifosato.
En relación a la ganadería, la estrategia de la Comisión europea es reducir la emisión de gases de efecto invernadero como el metano y óxido nitroso, por lo que fomentará el consumo de proteínas vegetales y materias primas alternativas. Así también, buscará reducir el consumo de piensos de soja cultivada en tierras deforestadas y destinadas a consumo animal. También pretende disminuir el excesivo uso de antimicrobianos para la sanidad animal y revisará la legislación en materia de bienestar relativo tanto al transporte como al sacrificio de animales. En este caso también promoverá la reducción del consumo de carnes rojas con el objetivo de paliar los riesgos de enfermedades ligadas a este tipo de alimentos.
En términos de productos envasados, la UE busca que se introduzcan solo productos reutilizables, por lo que será necesario adecuar los embalajes a las modificaciones pretendidas. Estos deberán ser acompañados por una parte con la certificación y por otra, con el etiquetado sobre el nivel de sostenibilidad de los productos alimentarios que contengan. También deberán brindar información e indicaciones sobre el origen y procedencia. Asimismo, el etiquetado deberá indicar aspectos diversos como los nutricionales, climáticos, medioambientales y sociales. Finalmente, deben facilitar en medios digitales la información sobre los alimentos.
En lo que concierne a la deforestación, la propuesta de “Reglamento vinculado a la deforestación y degradación de bosques” impulsó la reducción de demanda de productos de este origen. La legislación consiste, sobre todo, en la prohibición del comercio de productos provenientes del desmonte, así como la obligatoriedad de los compradores de presentar una declaración escrita donde asuman que los bienes comercializados no poseen como origen este tipo de zonas. También implica una clasificación de países y sus respectivas regiones según el riesgo de deforestación. Por otro lado, involucra obligaciones para los actores como declaraciones o sellos, así como el otorgamiento a las autoridades aduaneras de las características del producto, la fecha de producción, datos del comprador y vendedor, coordenadas para la geolocalización, así como información verificable de que el producto es libre de deforestación y de que respetó las leyes del país productor. Este reglamento se aplicaría para bienes como carne y cuero vacuno, soja o sus derivados como aceites o harinas, así como manufacturas de madera, entre otros productos que podrían ser perjudicados, según el Centro de Economía Internacional. La Plataforma Visec estaría dando una solución a esta específica problemática.
La última de las iniciativas con incidencia en la provincia es la denominada “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono”. Es una política que podría encarecer las exportaciones ya que posee como meta que las empresas con sede en la UE eviten trasladar la producción intensiva en carbono a países extranjeros cuyas políticas medioambientales son menos estrictas. Este mecanismo pondrá un precio justo a las emisiones de ciertas mercancías, de manera tal de garantizar que el precio del carbono de las importaciones sea proporcional al europeo. Esta política obligará a las empresas importadoras europeas a demostrar que en los países de origen se ha pagado un precio por la contaminación, de manera tal que puedan deducirse a productos como el cemento, el hierro, acero y aluminio. Si bien estos no entran en la canasta exportadora local, el riesgo deviene de la posibilidad de ampliar la aplicación de las normas a otros productos de acuerdo a la evolución de la legislación comunitaria.
Consideraciones finales
En resumen, se podría afirmar que la política europea relacionada con el Pacto Verde, especialmente en áreas como el transporte, los fitosanitarios, la ganadería, la deforestación y los productos envasados, podría influir con el tiempo en la exportación de los bienes que no cumplan con los requisitos establecidos. Los costos de adaptación podrían, en este sentido, o bien encarecer la comercialización, o excluir a aquellos productos que no se adapten a la nueva normativa.
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